El Acompañamiento Internacional vs la Observación Electoral

La confianza es un requisito fundamental en cualquier proceso electoral. Ésta supone la convicción de que los resultados de la elección reflejen fielmente la voluntad de los ciudadanos y, por lo tanto, los ganadores tienen el legítimo derecho a ocupar los cargos de elección popular a los que se postularon. Sin embargo, en contextos de mucha polarización o de sospechas de manipulación, la confianza en las elecciones puede ser poca o ninguna, más aún cuando existe la percepción de que el árbitro electoral no es imparcial.

En estos contextos, la Observación Electoral calificada es de suma importancia. La observación electoral es un procedimiento a través del cual organizaciones no partidistas e imparciales, ejecutan una metodología para analizar la integridad de las elecciones. Diversos organismos realizan esta tarea; por un lado, está la Observación Electoral Nacional, llevada a cabo por organizaciones de la sociedad civil local especializadas en el monitoreo de los procesos electorales; por el otro, la Observación Electoral Internacional, realizada por organizaciones de otros países. El propósito común es el de velar por la limpieza y autenticidad de las elecciones y por el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia. En ambos casos, la observación electoral se realiza mediante un riguroso seguimiento de las diferentes fases del proceso electoral.

Según la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones de la Organización de las Naciones Unidas, la Observación Electoral se define como “la sistemática, completa y exacta reunión de información acerca de las leyes, los procesos y las instituciones relacionados con la celebración de elecciones y otros factores atinentes al entorno electoral general, el análisis imparcial y profesional de dicha información, y la extracción de conclusiones sobre el carácter de los procesos electorales sobre la base de los criterios más exigentes en materia de exactitud de la información e imparcialidad del análisis”.

La Observación Electoral calificada incorpora el análisis, tanto de las condiciones técnicas de la elección, como de las condiciones políticas en las que se enmarca la competencia durante la totalidad del ciclo electoral. Con esta visión de conjunto del proceso, los observadores electorales procuran recopilar evidencias suficientes para sustentar las conclusiones y sugerencias que presentan en sus informes públicos.

Adicionalmente, la Observación Electoral calificada supone que la selección de los miembros que integran las misiones de observación se hace según criterios técnicos, lo que les permite asegurar la competencia necesaria para emitir una evaluación basada en la evidencia recolectada en las diferentes fases del proceso electoral.

Según la organización IDEA Internacional, la Observación Electoral ha contribuido al cambio democrático en tres sentidos diferentes: ayudando en las transiciones a la democracia en países autoritarios; contribuyendo en la mejora de la calidad de las elecciones y sus procesos a lo largo del tiempo, y facilitando la intervención de la diplomacia en la prevención de la manipulación de los procesos electorales.

En contraste con la Observación Electoral Internacional, gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua, han desarrollado un programa denominado Acompañamiento Electoral, en el cual las organizaciones y personalidades autorizadas por el árbitro electoral a participar en el programa, deben actuar como testigos de la manera cómo se lleva a cabo el proceso comicial. No obstante, sus observaciones, críticas o recomendaciones deben hacerlas exclusivamente a la autoridad electoral, y solo pueden hacerlas públicas con autorización de ésta.

De hecho, el artículo 2 del Reglamento en Materia de Observación Nacional y Acompañamiento Internacional, publicado por el Consejo Nacional Electoral en Venezuela en 2010, señala que “La Observación Nacional Electoral y el Acompañamiento Internacional Electoral tienen como propósito presenciar de manera imparcial e independiente, la transparencia de los procesos electorales” (el subrayado es nuestro). De esta manera, el reglamento limita la función de Observación Nacional y del Acompañamiento Internacional a ser testigos mudos de todo el proceso, con poca o ninguna posibilidad de hacer una evaluación crítica y pública sobre el mismo.

El Acompañamiento Electoral Internacional no tiene la capacidad y autonomía necesarias para realizar un análisis sistemático, veraz e imparcial del proceso electoral completo. En primer lugar, porque carece de una metodología reconocida por los actores nacionales y organismos internacionales calificados en materia electoral. En segundo lugar, porque los acompañantes no tienen libertad de acción para recopilar información de manera autónoma. En cuanto a la selección de los acompañantes internacionales, en pasadas elecciones ésta ha sido manifiestamente realizada por el árbitro electoral o desde el gobierno, lo que ha puesto en entredicho su imparcialidad.

De manera que el Acompañamiento Internacional Electoral no tiene como propósito hacer una evaluación sistemática e integral del proceso electoral, tal y como es requerido de acuerdo con los estándares internacionales. En el mejor de los casos puede ser una oportunidad para el intercambio de buenas prácticas entre organismos electorales.  Pero en el peor de los casos, el Acompañamiento Electoral Internacional es una simulación de transparencia por parte de las autoridades electorales, quienes utilizan la presencia de personalidades internacionales para legitimar un proceso electoral que muy probablemente tenga problemas importantes de integridad electoral desde su inicio.

Por las razones expuestas, la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE) exige que se facilite el trabajo amplio, imparcial y seguro de las organizaciones de observación electoral nacionales e internacionales, que son las llamadas a velar por el cumplimiento de las normas legales y técnicas en todas las fases y aspectos de un proceso electoral complejo, y que se garantice que ese trabajo pueda hacerse siguiendo todos los estándares de seguridad médica y física que impone la situación de riesgo creada por la pandemia COVID 19 .