La exclusión electoral de la diáspora venezolana

Diario Las Américas

La crisis migratoria venezolana, que ha alcanzado dimensiones épicas, ha sido reconocida como uno de los éxodos más grandes de la historia por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugios (ACNUR) y otras organizaciones internacionales. Los venezolanos siguen abandonando su país de origen por una multiplicidad de razones que incluyen la penosa situación económica, la inseguridad, la represión política, el crimen organizado, la ausencia de oportunidades para los jóvenes, y el colapso de los sistemas públicos como energía, salud y educación. Todo un complejo cuadro de presión sobre la vida de nuestra gente que se origina esencialmente por tres razones: la incompetencia supina en la gestión de gobierno, la corrupción extrema, y ambas combinadas con una nefasta política de destrucción por diseño de la nación, para garantizar el esquema de control social del castro-chavismo, centrado en el hambre y el miedo.

A la crisis humanitaria continuada, que ha alcanzado dimensiones regionales, se le une un ingrediente muy importante que ha sido relativamente ignorado en la evaluación que se ha hecho del impacto de la migración venezolana. Se trata de la confiscación efectiva del derecho al voto, garantizado por la Constitución, para millones de venezolanos que se encuentran en la diáspora. La gravedad de esta situación ha sido destacada recientemente en un documento público suscrito por VenAmérica y más de 45 organizaciones de la sociedad civil, dónde se señala de manera inequívoca la decisión de la diáspora organizada de luchar por restablecer su derecho político fundamental de ejercer activamente su ciudadanía, dándole vigencia a la “participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”, como lo establece nuestra Carta Magna.