Hacia un Consejo Nacional Electoral al servicio de la ciudadanía

La Asamblea Nacional que se instaló luego en las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 inició el proceso para la designación de autoridades electorales. Dado el contexto en que ocurre esta designación, el resultado tiene que ir más allá del cumplimiento del procedimiento establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CBRV) y en la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE). En este sentido, el nombramiento de nuevas autoridades electorales debe mostrar voluntad política por parte de quienes dirigen la cuestionada Asamblea Nacional de nombrar ciudadanos que efectivamente cuenten con la independencia, probidad y capacidades técnicas para llevar adelante las elecciones en los próximos 6 años.

La responsabilidad de recuperar la confianza en el sistema electoral y el voto como mecanismo de cambio político, recae, en primera instancia, en quienes forman parte del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) y, sobre todo, en quienes ocupan actualmente los escaños de la AN, quienes deben elegir personas cónsonas con los cargos a desempeñar, cuidando al mismo tiempo la representatividad de los distintos sectores de opinión del país.  Recae también, y de manera significativa, sobre los propios designados para los cargos rectorales y directivos en general, quienes deberán demostrar con hechos, su voluntad de ajustar su actuación a la defensa de los intereses de la ciudadanía, en particular, favoreciendo la recuperación de los derechos civiles y políticos conculcados en los últimos años. 

Lo anterior supone impulsar la corrección de los problemas que hay en el sistema electoral, erradicar las prácticas abusivas exhibidas por autoridades electorales en el pasado reciente, y poner coto a los comportamientos de todo actor político que vulneren lo establecido en la Constitución, las leyes y los reglamentos electorales.

La Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación (ROAE) sostiene que para recuperar la confianza en el voto, los nuevos rectores tendrán que “ciudadanizar” el Consejo Nacional Electoral (CNE) , es decir, hacer que la institución esté al servicio de la recuperación de los derechos de los ciudadanos y no de parcialidades políticas.  Esto se traduce en que desde su posición institucional deberán luchar contra aquellas decisiones que quiten poder a los ciudadanos, como, por ejemplo la designación en las regiones, por parte del ejecutivo, de funcionarios no electos, cuyo poder es, con frecuencia, superior al de los gobernadores y alcaldes electos; la eliminación de los diputados electos en un determinado estado (caso del Amazonas), o la eliminación del secreto del voto para la elección de los representantes indígenas.

Para ciudadanizar el CNE, los nuevos rectores tendrán que ser contundentes ante las irregularidades que han ocurrido dentro del propio organismo electoral, entre las que se pueden señalar: 

• La manipulación del calendario electoral, cuya consecuencia ha sido el alargamiento de los mandatos de los cargos de elección, según la conveniencia del partido de gobierno.
• La cooptación de los organismos subalternos por parte del partido de gobierno, lo cual se ha prestado para que se permitan malas prácticas electorales en los estados y municipios del país, o incluso se cometan fraudes, tal como el ocurrido en el estado Bolívar en las elecciones regionales de 2017.
• La creación de normasad hocque obstaculicen el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, como las creadas para la activación del referéndum revocatorio presidencial en 2016.
• El enorme aumento del número de diputados de la AN, sin que ello obedezca a ninguna razón pertinente, en flagrante violación del mandato constitucional.

En definitiva, dice la ROAE, para ciudadanizar el CNE se requiere rescatar la neutralidad institucional necesaria y así lograr que el poder electoral esté al servicio de la ciudadanía, convirtiéndose en una potencial piedra angular del proceso de reinstitucionalización democrática que requiere Venezuela.