Los 12 secretos del 6D: lo que no se sabe sobre la nueva automatización del evento electoral
- Nov
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El CNE no solo guarda el secreto del voto para las próximas elecciones parlamentarias: el contrato con la empresa argentina Ex-Clé o detalles sobre la maquinaria que se usará el próximo 6 de diciembre en unos cuestionados comicios son algunas de las interrogantes que los nuevos rectores no han respondido
El próximo #6D, los venezolanos están llamados a votar para escoger a los próximos representantes de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025, en unas elecciones cuestionadas por 37 partidos opositores y la actual Asamblea Nacional, quienes unánimemente consideran que esas elecciones no garantizan que se respete la voluntad del elector.
Para ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara desde el 1º de julio, fecha en la que se realizó la convocatoria por parte de la presidenta del organismo, Indira Alfonzo, para organizar unos comicios que tomen en cuenta las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, y se aplica en atender la ausencia tecnológica que dejó la quema de casi toda la maquinaria existente para llevar a cabo procesos electorales en el país, siniestro ocurrido en marzo de 2020.
La empresa argentina Ex-Clé estableció una relación comercial en Venezuela a partir de 2005, con la implementación de soluciones biométricas para diversos entes y ministerios, que luego se trasladó al plano electoral. Desde ese año comenzó a prestar sus servicios al CNE, en un plano secundario ante Smartmatic en esa área, pero a partir de 2017 la cooperación se amplió hasta “obtener” el contrato para manejar todos los aspectos de las elecciones en el país, luego de que Smartmatic denunciara los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y asegurara que se habían manipulado los resultados.
Ex-Clé ya ha participado como único operador en cuatro elecciones en Venezuela y se prepara para una quinta con las parlamentarias del #6D. Pero en este nuevo proceso son más las dudas que las respuestas sobre la verdadera labor de la empresa argentina en los comicios venezolanos.
Sobre Ex-Clé, no se tiene seguridad de que exista un contrato que la respalde o que haya obtenido una licitación para manejar estas elecciones en Venezuela, ni bajo qué condiciones. Con la quema de 95% del parque tecnológico electoral del país en marzo de este año se plantearon más dudas, luego de que se conoció que esta empresa pasaría a presidir la compra de nuevas máquinas de votación y el software correspondiente.
La nueva junta directiva del CNE tampoco ha podido aclarar las dudas. La rectora Indira Alfonzo apenas si ha nombrado a esta empresa en el tiempo que lleva como presidenta del organismo comicial, mientras que Rafael Simón Jiménez —tras un corto paso como vicepresidente del Poder Electoral— pidió que se investigase a Ex-Clé.
La Alianza Rebelde Investiga (ARI), compuesta por los medios venezolanos TalCual, Runrun.es y El Pitazo, compiló los 12 secretos que mantiene el CNE sobre las próximas elecciones y su proceso de automatización.
- El aliado que vino del Sur
Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A fue fundada en el año 1998 en Argentina. Llegó a Venezuela en 2004 con la apertura de su primera oficina en el país. La participación de la empresa experta en tecnología biométrica en comicios venezolanos comenzó en el año 2005, en las elecciones municipales y de Juntas Parroquiales. A partir de ahí Ex-Clé ha participado en 13 elecciones.
En 2012 implementó el Sistema para Validación de Identidad, mejor conocido como el Sistema de Autenticación Integrado (SAI), herramienta biométrica de autenticación del votante con la cual el elector podrá certificar su identidad ante la máquina de votación con su número de cédula y huella dactilar, permitiendo que la máquina se active.
El sistema biométrico de Ex-Clé no se quedó solo como herramienta implementada por el CNE, sino que también es usado por entes financieros públicos venezolanos. “Implementamos, junto al Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Bicentenario, un sistema de punto de ventas que incluye todas las modalidades de pago existentes en el país. BioPos permite realizar pagos de bienes y servicios solo con la huella dactilar”, indica su página.
De la empresa se conoce que sus dueños son dos argentinos: Guillermo San Agustín y su hermano Eduardo César San Agustín, pero se ignora el resto de su composición accionaria. Guillermo Palacios, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que Ex-Clé ha sido tutorada por el exministro de Comunicación y ahora candidato Jorge Rodríguez. Sin embargo, tampoco ha presentado alguna prueba física sobre esa afirmación.
«Ex-Clé ha participado en 13 elecciones como experta en tecnología biométrica»
Palacios solicitó una investigación contra Ex-Clé en la Comisión de Contraloría de la AN, pero el representante de la empresa se negó a comparecer ante la comisión que investiga lo relacionado con la compra de las máquinas electorales.
Según el registro del Seniat, existen dos Ex-Clé: ExCle S.A., con RIF J 316926591 y Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A, con RIF J 407882333. La ficha de la sociedad anónima indica que no tiene domicilio en Venezuela y según el Registro Nacional de Contratistas (RNC) está inhabilitada para contratar con el Estado. A la par, la Ex-Clé compañía anónima fue constituida el 30 de mayo de 2015 y tiene su domicilio en el Edificio Bonpland, Piso 3, Oficina 6, Esquina de Sociedad a Gradillas, Distrito Capital, Caracas. Y también está inhabilitada para contratar con el Estado, según el RNC.
Sin embargo, según su página web, sus oficinas quedan en un lugar completamente distinto al plasmado anteriormente: en la 2ª Transversal, entre la Segunda y Tercera Avenida de Santa Eduvigis, Municipio Sucre, Estado Miranda, Caracas. Pero no solamente su dirección es incierta; la manera como llegó el CNE a determinar que ellos eran su más conveniente aliado biométrico y tecnológico es algo que aún no está lo suficientemente claro.
- La máquina bajo el reflector
El CNE presentó el 9 de octubre de 2020 un modelo de las nuevas máquinas que serán utilizadas para las elecciones legislativas convocadas para el #6D, pero con la exposición del rector suplente, Carlos Quintero, quedaron más preguntas que respuestas. No se aclaró cuánto costaron las máquinas, si el CNE las compró directamente o si utilizaron los servicios de alguna empresa, en este caso Ex-Clé, y si esto fue así, tampoco detallaron qué tipo de contrato celebraron o si se siguieron los pasos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas.
En dicha ley se establecen al menos cuatro tipos de contrataciones: a través de concurso abierto, de concurso cerrado, de concurso internacional —a su vez abierto o cerrado— y contratación directa. Cada uno tiene un proceso, que además debe justificarse y tener toda la información relativa a lo que se desea contratar.
En el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se establece que el contratante —en este caso el CNE— debe contar con programación presupuestaria; especificaciones técnicas; determinación de las ventajas económicas y técnicas de la contratación; previsión en la programación anual de compras, si es aplicable; y modelo del contrato, entre otras.
“En las modalidades de concurso cerrado, consulta de precios y contratación directa, los participantes deben ser previamente seleccionados según su capacidad legal, financiera y técnica”, agrega el Reglamento. Nada de esto ha sido informado por el CNE.
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, indicó que el Poder Electoral está obligado a brindar esa información por la Convención Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En la Convención Internacional de Naciones Unidas se establece, en el artículo 9, que cada Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, “que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción”.
Algunas de las medidas que deben tomar los países son la difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública, incluyendo información sobre licitaciones o sobre adjudicación de contratos. Además tienen que formular condiciones previas de participación, incluidos criterios de selección y reglas de licitación.
De Freitas agregó que si el CNE no hizo licitación, concurso público o aunque sea revisión de ofertas, debe explicar públicamente en qué excepción de la ley se está amparando, porque hay una excepción en base a un acuerdo internacional, pero se obliga a que haya un pago, en este caso de Argentina, contra un beneficio que da Venezuela.
«La otra excepción contemplada en la ley es sobre la parte técnica, pero debe haber y conocerse la exigencia del país».
- El presupuesto oculto del CNE
Dentro de los misterios de estas elecciones se encuentra el presupuesto aprobado, tanto para el proceso en sí mismo como en lo que respecta al costo de las máquinas que serán utilizadas el próximo 6 de diciembre. Entre las funciones establecidas dentro de la Constitución para el CNE está la de formular su propio presupuesto, que debe ser tramitado ante la Asamblea Nacional y podrá ser administrado de manera autónoma. Esto no se ha dado desde 2016, debido a la crisis política y a un conjunto de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que derivaron en el desconocimiento del Parlamento venezolano por parte del Ejecutivo y del resto de los poderes públicos.
Según una nota publicada por Diario Las Américas en agosto, para la nueva compra del parque tecnológico luego del incendio ocurrido en marzo en los galpones del organismo, el CNE solicitó a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) un aproximado de 100 millones de dólares.
Fuentes consultadas dentro del CNE dijeron a esta investigación que el costo promedio de estas máquinas oscila entre los $2.000 y $2.800, y llegarían por lotes al país, por lo que las autoridades dispusieron que la adecuación e instalación del software se haría a medida que se fueran recibiendo. Esta información no pudo ser confirmada de forma oficial.
El CNE ya habría comprado unas 15.000 máquinas en diciembre como parte de la adecuación y actualización tecnológica del organismo.
«Tomando en cuenta el costo reportado, esa transacción estaría ubicada en $37,5 millones. Pero las cuentas no son tan simples».
Otra de las cuestiones que oculta el CNE es la cantidad de máquinas que se compraron para este evento, al igual que los dispositivos del Sistema de Autenticación Integrado (SAI). La mayor cantidad de máquinas electorales que se ha usado en el país fue en las elecciones parlamentarias de 2015, cuando se utilizaron 40.601. En eventos electorales posteriores se redujo el número debido a que se optimizó el almacenamiento de datos de cada una. Se usaron entre 22.000 y 24.000 unidades.
Para completar 24.000 unidades, el CNE debería haber comprado otras nueve mil máquinas luego del incendio en Filas de Mariche, lo que representa otros 22 millones 500 mil dólares que habría desembolsado el organismo electoral. En cambio, para lograr una cantidad de maquinaria similar a las parlamentarias de 2015, se tendrían que haber cancelado $62.500.000.
También queda pendiente dentro de las cuentas del CNE el costo del SAI, que es independiente a las máquinas, y del software que se usará para este evento.
- ¿De dónde vienen las máquinas?
El 9 de octubre de 2020, las autoridades del poder Electoral presentaron el modelo de la nueva máquina de votación que se usará por lo menos en las próximas tres elecciones previstas constitucionalmente en el país.
Según Carlos Quintero, rector suplente e integrante de la Junta Nacional Electoral, la máquina denominada EC21 fue diseñada por ingenieros venezolanos para no depender de proveedores internacionales, como sucedió con la empresa Smartmatic.
Pero en la página del gigante de ventas online chino Alí Baba puede observarse la oferta de la empresa TouchWo (ubicada en la provincia de GuangZhou, China). Cada equipo, que en realidad es una pantalla táctil con diversas entradas para la conexión a otros equipos, tiene un precio que oscila entre los $250 y $362, dependiendo de la capacidad de procesamiento y almacenamiento integrado.
