La ROAE advierte la profundización de la crisis de legitimidad

El anuncio hecho el 1 de agosto sobre la decisión de un grupo de partidos de políticos de no participar en las elecciones parlamentarias convocadas para el mes de diciembre debería ser un llamado de atención para el Consejo Nacional Electoral, “como garante de la fuente creadora de los poderes públicos mediante el sufragio” (Art.2 LOPE). Tal decisión no debe ser subestimada, pues ese hecho implica que una parte importante de los actores políticos del país tiene reservas acerca de la legitimidad, validez y condiciones del proceso electoral que está en marcha.

Algunos de los argumentos presentados por las agrupaciones de oposición coinciden con los planteamientos que ha hecho públicamente la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (ROAE):

• El modo en que fue designado el CNE en ejercicio, dejando de lado los avances de consenso que se venían realizando por los diferentes actores políticos en la Asamblea Nacional.
• Las violaciones de lapsos y reglamentos en la convocatoria a las Elecciones Parlamentarias, y la simultánea noticia de suspensión de directivas de importantes partidos políticos.
• El aumento inconstitucional del número de cargos a elegir, con criterios que no han sido aclarados ni sustentados de forma adecuada.
• La forma incompleta, limitada e insegura como se realizaron las jornadas de actualización del Registro Electoral, dejando a un gran número de personas al margen del proceso, de acuerdo con los resultados que fueron anunciados.
• La ausencia de etapas de verificación y validación técnica sobre la plataforma y tecnologías a utilizar en el proceso electoral, a meses apenas de haberse perdido una parte importante de la infraestructura tecnológica.
• Las modificaciones inconstitucionales y extemporáneas de las condiciones de participación de las comunidades indígenas para la elección de sus diputados, que pasan de ser, directas y secretas, a indirectas y a “mano alzada”.

Desde la ROAE hacemos un llamado a todos los factores políticos a promover, debatir y acordar de forma conjunta, las condiciones y normas del proceso electoral. Unas normas y condiciones acordadas democráticamente son la única garantía de tener unas elecciones que buena parte de los actores políticos avalen, y que permitan dar legitimidad a los representantes de todo el espectro político nacional.

No atender este llamado de atención seguirá sembrando serias dudas sobre el papel del Poder Electoral que “…debe garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional.” (Art. 4, LOPE).

Caracas 7 de agosto de 2020