Las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y otros críticos persisten en Venezuela, destacó este jueves 2 de julio la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aunque también valoró avances en la cooperación entre su oficina y las autoridades de ese país.

En su informe actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, la expresidenta chilena denunció asimismo los arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por los servicios públicos.

Además, «continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional», señaló Bachelet, quien lamentó que los actores políticos en el país no logren encontrar una solución negociada «que resuelva la profunda crisis política».

A este respecto subrayó que recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que nombraron nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas, «disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos».

Por otro lado, Bachelet subrayó que el trabajo de la oficina de su alto comisionado en Venezuela se ha facilitado desde el acuerdo firmado entre ambas partes en septiembre de 2019, lo que de materializó en recientes visitas a los estadosZulia, Bolívar y Lara, así como a once centros penitenciarios.

En ese sentido subrayó «la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento».

También destacó que la crisis en Venezuela se ha exacerbado con el incremento de las «sanciones sectoriales» (en alusión a las medidas coercitivas impuestas por países como EE UU, aunque no nombró a gobiernos concretos) y por la pandemia de la covid-19.

La población venezolana «sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos», añadió.

El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, respondió que el informe «incorpora información de fuentes de escasa credibilidad sin haber sido debidamente contrastadas con las autoridades venezolanas».

«Excluye los importantes progresos alcanzados en la mesa de dialogo nacional entre el Gobierno venezolano y los diversos partidos de la oposición», añadió.

Valero también declaró que «si se condenaran la politización y los dobles raseros de este consejo hoy no se estaría hablando de Venezuela sino de las graves violaciones que se están cometiendo en países donde la discriminación racial y la violencia contra minorías y grupos vulnerables campean a sus anchas, como ocurre en Estados Unidos».

El embajador aprovechó un nuevo turno en el Consejo para condenar la reciente decisión de la Unión Europea (UE) de sancionar a 11 diputados de la Asamblea Nacional venezolana por intentar tomar el control del órgano legislativo el pasado mes de enero, para así arrebatarle el cargo al líder opositor Juan Guaidó.

«La pretensión de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas demuestra la soberbia y la nostalgia colonialista, intervencionista y supremacista que aún pervive en la agenda corporativa de las elites dominantes del Viejo Continente», aseveró.

«Sorprende la flagrante subordinación de la UE a la Administración de (el presidente estadounidense) Donald Trump», concluyó.