7 Condiciones democráticas esenciales para el ejercicio de los derechos humanos
- Ago
- 26
- Posted by Maria Teresa Arbelaez
- Posted in ROAE Investigación

Ya hemos señalado en anteriores ocasiones el rol preponderante que los derechos políticos tienen en la defensa efectiva del conjunto de los derechos humanos. Sin derecho a la libertad de expresión, a la manifestación y la protesta pacíficas, entre otras, no sería posible el reclamo de los ciudadanos ante las autoticridades pertinentes de la atención a sus necesidades más básicas, como alimentación, salud, seguridad, etc. De manera que la preservación de los derechos políticos es crucial para el satisfactorio desempeño de la vida de los ciudadanos.
El ejercicio de los derechos políticos debe contar con la existencia de condiciones democráticas esenciales. En primer lugar, es menester que se garantice la plena vigencia de la seguridad jurídica, sin la cual no es posible que se imponga el respeto de los derechos establecidos en la Constitución y las leyes de la nación. Y para que esto tenga lugar es una necesidad imperioso que se cumpla el precepto fundamental de la democracia que constituye la separación de poderes: solo con poderes autónomos e independientes, entre los cuales se establezca un sano balance de competencias, y sin que los interfieran instancias no previstas y reguladas por la Constitución, puede haber seguridad jurídica.
Entre los derechos políticos ocupa un lugar destacado el derecho a elegir y ser elegido, para el pleno ejercicio del cual es imprescindible que se cumpla con los mandatos legales que se refieren a la libertad de reunión y de libre asociación; a la libertad de expresión; a la participación en elecciones en condiciones de igualdad, entre otros.
El respeto a la libertad de reunión y de libre asociación es una condición necesaria para la actuación de las organizaciones políticas, uno de cuyos objetivos principales es el de tratar de llevar a ocupar posiciones públicas a sus candidatos, a través de la participación en procesos eleccionarios. No deben ser permitidas entonces inhabilitaciones políticas de partidos o de personas, que no estén cabalmente justificadas por expresos mandatos legales.
Sin una genuina libertad de expresión se coarta la posibilidad de que los candidatos que participan en una elección, hagan llegar a los electores sus planteamientos y propuestas de manera plena.
La represión policial a activistas y dirigentes de partidos políticos, que constituye una abierta violación de la seguridad personal, se presenta igualmente como un escollo para que las organizaciones políticas desarrollen sus campañas electorales y proselitistas en general.
Finalmente, la inexistencia de condiciones equitativas para el despliegue de las campañas electorales, disminuye las posibilidades de éxito de los candidatos participan con desventajas, mermando así sus derechos a ser elegidos.
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