El respeto del voto y la confianza ciudadana

Las elecciones son uno de los elementos centrales del sistema político democrático. El voto es la herramienta que permite a los ciudadanos elegir a sus gobernantes y escoger a los partidos que ofrezcan políticas públicas más cercanas a sus preferencias.

En la práctica, las elecciones son la expresión máxima de la ciudadanía, pues permiten el ejercicio pleno de los derechos políticos. Sin embargo, en el momento en que las elecciones y sus resultados no son respetados por las instituciones políticas y sus representantes, se inicia un proceso de descomposición de la democracia cuyas consecuencias no solo se dan en el plano político-institucional, sino también en el sentir de los electores.

En Venezuela, el virtual desconocimiento del resultado de algunas significativas elecciones ha sido frecuente desde hace más de 10 años. La inestabilidad política que ha vivido el país durante este período ha tenido efectos devastadores sobre los derechos civiles y políticos de los venezolanos.

La Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación ha registrado hechos que han contribuido a erosionar el sistema democrático y cuya finalidad no ha sido otra que desconocer las consecuencias políticas de las elecciones cuando no favorecen a los partidos y/o candidatos del oficialismo. Ejemplos de ellos son:

• La manipulación de las fechas de elecciones, lo que trae como consecuencia la prolongación de los lapsos del ejercicio de cargos irrespetando los mandatos constitucionales.
• El establecimiento de normas y restricciones ad hoc para la activación de mecanismos de democracia directa como el referendo para la revocatoria del mandato del presidente en 2016.
•  La eliminación de requisitos constitucionales para las iniciativas promovidas por el gobierno; tal como ocurrió con la supresión del referendo consultivo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
• La reducción de las competencias de alcaldes o gobernadores electos, mediante el nombramiento desde el poder ejecutivo de figuras no establecidas en la Constitución y las leyes (como los denominados protectores) limitando así las competencias de los funcionarios electos democráticamente.
• El desconocimiento de la voluntad expresada en elecciones que han contado con el reconocimiento del CNE, tal como ocurrió con los diputados de la circunscripción indígena sur en la elección parlamentaria de 2015 o con el gobernador electo del Zulia en octubre de 2017.
• La ilegalización de partidos políticos por vía administrativa, mediante la creación y exigencia de requisitos no previstos en la ley.
• La sistemática persecución judicial de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, irrespetando la inmunidad parlamentaria de que están constitucionalmente investidos.
• La creación de una instancia como la ANC que actúa por encima de los poderes constitucionales del Estado, que toma decisiones en áreas como la electoral, la judicial, y legislativa, entre otras, al margen del estado de derecho.
• La imposibilidad de que los reclamos sobre la alteración de resultados electorales sean oportunamente atendidos y resueltos, tal como ocurrió con las denuncias de fraude en el estado Bolívar en las elecciones de gobernadores en octubre de 2017.

Este sistemático debilitamiento del poder del voto y, por tanto, de la ciudadanía misma, ha generado un panorama de creciente confusión y desencanto del electorado. En este sentido, en Venezuela se ha incrementado la desconfianza en el voto y en el ente electoral, como instrumentos para la resolución  de los  conflictos sociales y políticos propios de una sociedad plural, lo que supone un debilitamiento de la democracia en el país.

Caracas, 22 de mayo de 2019