El rol del ciudadano en la defensa de la integridad electoral

La democracia es un sistema político que permite a los ciudadanos elegir a quienes administran el poder del Estado mediante elecciones periódicas, libres, justas y competitivas. Para que se cumplan estas condiciones que definen una elección democrática, es de la mayor importancia la activa y comprometida participación de los ciudadanos en la vigilancia de la pulcritud de los procesos electorales. 

El artículo 183 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente establece un derecho ciudadano según el cual: “Toda ciudadana o ciudadano podrá denunciar la comisión de cualquiera de los delitos, faltas o ilícitos electorales previstos en la presente Ley, así como constituirse en parte acusadora en los juicios que se instauren por causa de esas mismas infracciones. Ello sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al Ministerio Público como garante de la legalidad.” Este derecho, y la vigilancia del proceso que el mismo implica, puede ejercerse de manera directa o a través de su delegación en otras instituciones u organizaciones. 

El ejercicio directo por los ciudadanos lo constituyen aquellas medidas o acciones que éstos pueden ejercer personalmente y comienza con su disposición a hacer valer su derecho a votar. Esto implica su inscripción en el Registro Electoral Permanente (REP), donde es preciso que verifique que los datos registrados en el comprobante de inscripción sean los correctos, así como que sus datos en el registro de votantes que figura en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) (http://www.cne.gob.ve/), reflejen fielmente los de la inscripción.

En la misma categoría cabe incluir el ejercicio del voto. Cuando existen condiciones aceptables para la celebración de una elección, la participación en ella constituye por si misma un acto de protección del voto legítimo, puesto que elimina la posibilidad de suplantación del verdadero votante por un usurpador.   

Otra manera de participación directa en la defensa del voto, es asumir el papel de testigo en una mesa de votación, en representación de algún candidato o partido político de su preferencia.

Una oportunidad excepcional que le da al ciudadano la posibilidad de intervenir directamente en la fiscalización de la votación lo ofrece su selección por el CNE, mediante un proceso aleatorio, como Miembro de Mesa. Para ello la persona elegida debe asistir obligatoriamente a un curso de capacitación y luego desempeñar sus funciones en la mesa asignada. Los Miembros de Mesa son las principales autoridades electorales en la mesa de votación; el incumplimiento de los miembros seleccionados permite su sustitución por miembros accidentales, lo que en ocasiones se presta para un control indebido de las mesas de votación por personas interesadas, en detrimento de la pulcritud de la elección.

Una vez finalizada la votación, los ciudadanos tienen la posibilidad de intervenir en un proceso de fiscalización directa del resultado en su centro de votación, mediante su participación en la denominada Verificación Ciudadana. Este proceso consiste en la comparación del resultado del conteo de los comprobantes de votación colocados en las urnas por los votantes, con el contenido en el acta de escrutinio emitida por la máquina. Este acto es de suma importancia puesto que, en esencia, constituye el chequeo manual del proceso de votación electrónica.

Los ciudadanos pueden también participar en el resguardo de las elecciones a través de organizaciones que actúan como observadores y/o auditores electorales. 

Las organizaciones de observación electoral tienen como fin registrar y denunciar las irregularidades que ocurran durante el ciclo electoral. Para ello emplean metodologías para documentar los abusos, errores u omisiones que se presenten durante las distintas etapas de la elección. Como observador el ciudadano se integra a una avanzada de la sociedad civil para velar por la probidad del proceso electoral.  

Dada la adopción del voto electrónico, en nuestras elecciones juegan un papel fundamental los auditores electorales, designados por organizaciones con fines políticos y grupos de electores, encargados de verificar el funcionamiento e integridad de los distintos componentes del sistema de votación. En estas auditorías participan también los observadores electorales como vigilantes de la corrección de las comprobaciones.  

En la actualidad las tecnologías de comunicación existentes hacen posible que el ciudadano común pueda intervenir directamente, y en tiempo real, en la documentación y denuncia de las irregularidades, cometidas por actores políticos o institucionales, que alcance a presenciar. Para ello   las organizaciones de observación electoral y otras que hacen seguimiento de la elección, ponen al alcance del público sistemas para la recepción de esas denuncias. 

De manera que la existencia de elecciones libres, justas y competitivas no depende únicamente de la existencia de leyes electorales adecuadas o del nombramiento de autoridades electorales probas; también es necesario que los ciudadanos se involucren  en la vigilancia de las elecciones. Mientras más ciudadanos participen en la custodia del proceso electoral, mayor será la posibilidad de obtener resultados genuinos y, por lo tanto, la legitimidad de los candidatos electos.