De la transición a la elección

La transición a la democracia como el proceso político que ocurre entre el momento que culmina un régimen autoritario y aquel en que un gobierno electo democráticamente asume el poder, requiere de condiciones favorables para que sea exitosa. Este período se caracteriza por altos niveles de incertidumbre ya que las reglas de acceso, distribución y ejercicio del poder público se redefinen.

Si algo caracteriza a los regímenes autoritarios es su capacidad de imponer de manera arbitraria su voluntad, ignorando o, incluso, yendo en contra de los intereses y preferencias de la sociedad. En este tipo de régimen político, las reglas están al servicio de quienes gobiernan, y existe la certeza de que todas las decisiones públicas estarán orientadas a fortalecer el control político, social e institucional del gobierno autoritario.

En lo que a las elecciones se refiere, los regímenes autoritarios buscan garantizar que el resultado de la elección les sea favorable, para lo cual manipulan las reglas y procedimientos electorales. Por el contrario, en los regímenes democráticos, las reglas son claras desde el inicio del proceso electoral, permitiendo a todos los actores políticos establecer la mejor estrategia posible para ganar la elección, de modo que el resultado depende estrictamente de la decisión que toman los votantes el día de la elección.

En las transiciones políticas con frecuencia se requiere de acuerdos que den cabida a los cambios necesarios que permitan celebrar elecciones libres, justas y competitivas. Solo mediante la celebración de elecciones que cumplan con esas características es que es posible hablar del inicio de un proceso redemocratización.

Una de las primeras tareas para lograr elecciones libres, justas y competitivas es garantizar la imparcialidad y transparencia de las instituciones electorales y sus autoridades. Solo con autoridades confiables a los ojos de la población, y todos los actores políticos involucrados en el proceso, es posible lograr la legitimidad del nuevo gobierno democrático.

Una segunda tarea es la revisión de las leyes, normas y procedimientos electorales. Si bien durante la transición una reforma política de gran calado es poco probable, lo cierto es que la revisión de las diferentes etapas que componen el ciclo electoral es fundamental. Eliminar sesgos, trabas o ventajismos en las normas electorales dota a la elección de mayores niveles de confianza entre los partidos, candidatos y ciudadanía en general.

Adicionalmente, durante el período de transición, es necesario establecer mecanismos eficaces para la resolución de controversias electorales. De allí la necesidad no solo de acordar la composición de la institución que administra las elecciones, sino también de los tribunales en general y aquellos con competencia en lo electoral en particular. Si la justicia electoral se mantiene al servicio de la élite autoritaria, el riesgo de que el resultado de la elección sea invalidado es alto, trayendo como consecuencia que el proceso de transición democrática sea truncado.

Finalmente, uno de los elementos más importantes a ser redefinido durante la transición es el papel de la fuerza pública. Dado que el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado está a cargo de este tipo de instituciones, cualquier acuerdo de transición debe garantizar su neutralidad política y obediencia al gobierno democráticamente electo por los ciudadanos.

En paralelo a lo anterior, una transición democrática en Venezuela también requerirá iniciar un proceso de reconstrucción de la capacidad del Estado para la provisión de los bienes y servicios mínimos necesarios para que los venezolanos puedan hacer uso de sus derechos civiles y políticos. Recobrar la capacidad estatal en áreas como seguridad ciudadana, servicios públicos e infraestructura, salud y alimentación, entre otros, también contribuye a que cualquier proceso electoral que se celebre en el mediano plazo pueda hacerse en un contexto de baja conflictividad. De no garantizarse la gobernabilidad mínima, la celebración exitosa de cualquier proceso electoral estaría en riesgo.

En un contexto más amplio, la transición democrática requiere del restablecimiento de mecanismos a través de los cuales los ciudadanos puedan controlar el poder, que las posiciones más importantes en la conducción del Estado provengan de la elección popular, al tiempo que se construye un sistema de pesos y contrapesos capaz de garantizar los derechos civiles y políticos de las minorías.

El desafío de la transición venezolana es lograr un acuerdo nacional capaz de generar confianza en un nuevo proceso electoral y garantizar la gobernabilidad necesaria para que se celebren dichas elecciones y haya una trasmisión pacífica del poder.