El desequilibrio y sus consecuencias
- Abr
- 26
- Posted by MTA
- Posted in La actualidad, ROAE Investigación

En el presente artículo de investigación, la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE) recuerda el por qué de la separación de poderes en los gobiernos democráticos. Tras el análisis de cómo se instauró esta separación en Venezuela, concluye que “el deterioro de la democracia que genera el desacato de la separación de poderes está con frecuencia en el origen de graves crisis de carácter económico y social, que afectan profundamente la vida de los ciudadano”.
La democracia moderna es la conjunción de dos principios que se gestaron en el siglo XVIII y que se concretaron en la Constitución de los Estados Unidos en 1787 y en la Declaración de los Derechos del Hombre durante la Revolución Francesa en 1789. El primer principio es que la soberanía reside en la nación, es decir, que en el pueblo es donde reside el poder y que éste puede gobernarse a sí mismo directamente o a través de sus representantes, seleccionados en elecciones libres, justas y competitivas. El segundo principio es el de la separación de poderes, es decir, que los diferentes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben estar en manos de personas o grupos diferentes, que ejercen sus atribuciones autónomamente. La idea de fondo es que la concentración de poder en una persona o grupo en particular lleva al abuso y la arbitrariedad, dejando a la sociedad a merced de sus decisiones.
Estos dos principios son consustanciales a las democracias contemporáneas, y en los países donde se cumplen la ciudadanía puede disfrutar ampliamente de sus derechos humanos, civiles, políticos y sociales. Por el contrario, en aquellos lugares donde no existen soberanía popular y separación de poderes, es imposible que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, impidiendo, entre otras cosas, la libertad y la igualdad ante la ley.
En Venezuela, el ideal democrático es parte de nuestro momento fundacional. La primera Constitución de Venezuela de 1811 establecía la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la elección de los representantes del Congreso de la República. Si bien había limitaciones al sufragio para un grupo importante de venezolanos, lo cierto es que era una Constitución en la que se buscaba evitar la concentración de poder en manos del ejecutivo. A pesar de lo anterior, la democracia en Venezuela solo se consolidó con la Constitución de 1961, la cual sirvió para establecer una institucionalidad democrática capaz de regular el conflicto en el acceso y distribución del poder político en el país, luego de largos años de luchas intestinas durante el siglo XIX y dictaduras militares como las de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) en la primera mitad del siglo XX.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada en 1999, heredó una parte importante de esta institucionalidad democrática y, de hecho, estableció dos poderes autónomos adicionales. Así, en la CRBV, el Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Sin embargo, en esta Constitución también se introdujeron desequilibrios que exacerbaron el poder del Ejecutivo tales como: la ampliación del mandato presidencial a seis años con posibilidad de relección inmediata y, desde 2009, indefinida, la eliminación del Senado de la República o el mayor control de la Fuerza Armada Nacional por parte del Ejecutivo en detrimento del control legislativo de la institución castrense.
El irrespeto de la separación de poderes lleva a prácticas indeseables, abiertamente violatorias del orden democrático, como la intervención del poder ejecutivo en la designación de funcionarios y en las decisiones de otros poderes, a contrapelo de lo establecido en la constitución y las leyes. Merecen mención aparte las graves consecuencias de la intromisión de otros poderes en el dominio del poder electoral. Estas intromisiones, al minar la confianza en las elecciones como mecanismo para resolver los conflictos alrededor del acceso y distribución del poder político, abren la puerta a escenarios extrainstitucionales que traen como resultado ingobernabilidad, violación a los derechos humanos, incertidumbre y desafección hacia las instituciones democráticas.
En suma, el deterioro de la democracia que genera el desacato de la separación de poderes está con frecuencia en el origen de graves crisis de carácter económico y social, que afectan profundamente la vida de los ciudadanos.
Caracas, abril 2023
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