Informe preliminar: La ROAE constató múltiples irregularidades en los comicios del 21N

Seiscientos cuarenta y tres observadores de la ROAE estuvieron presentes el pasado 21 de noviembre en mesas de votación de los 23 estos y el Distrito Capital. Algunos lo hicieron pese a las autoridades militares o civiles de los centros de votación que, desconociendo la credencial otorgada por el CNE, les negaron la entrada o la dificultaron.

El proceso electoral para elegir a gobernadores, alcaldes, legisladores estales y concejales tuvo sus momentos positivos, entre ellos el nombramiento de una nueva directiva del ente comicial, sin embargo se desarrolló desde un principio con irregularidades como las inhabilitaciones de los candidatos, o el adelanto de la campaña electoral y el uso de recursos públicos para promocionar candidatos, así lo expresa el Informe Preliminar que la Red de Observación de Asamblea de Educación (ROAE) presentó este jueves 25 de noviembre, mostrando resultados con una cobertura de 77 por ciento.

La ROAE fue una de las seis organizaciones nacionales acreditadas por el CNE para observar los comicios. De allí que puede mostrar, con las pruebas aportadas por los 643 pares de ojos que vieron, miraron y escrutaron el desarrollo del proceso, que las votaciones estuvieron marcadas, entre otros problemas, por las dificultades para la constitución de las mesas electorales, la manipulación del elector, propaganda electoral dentro de los centros, puntos de control del electorado y violencia en algunos estados, como Zulia, donde resultó muerto un elector. 

Informe preliminar de observación de las elecciones del 21 de noviembre de 2021

Asociación Civil Asamblea de Educación

Red de Observación Electoral

Caracas, 24 de noviembre de 2021

Contenido

  1. 1. Introducción
  2. 2. Observación de la jornada electoral
  3. 3. Conclusiones y recomendaciones

Introducción

El país se enfrentó a un nuevo proceso electoral (siendo esta vez una elección múltiple que incluye gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y concejales), con el mismo marco de dificultades económicas y de carencia de servicios básicos que ha prevalecido durante los últimos años, lo cual afecta gravemente a la población.

La preparación para la elección comenzó con el cambio de normas existentes, de manera de permitir la realización conjunta de elecciones de gobernadores y alcaldes, asegurar la igualdad y paridad de género en la postulación de candidatos y permitir la observación internacional del proceso electoral.   

Un hecho esencial que caracteriza a esta elección fue la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) −efectuada en esta ocasión por la Asamblea Nacional el 4 de mayo de 2021 y respetando el mandato constitucional−, en la cual fueron incluidos dos rectores principales y tres suplentes, provenientes de sectores no oficialistas.  Se estima que esta decisión tuvo buena acogida en una parte apreciable del electorado, lo cual ha elevado el reconocimiento del CNE en el país.

Lamentablemente, las prácticas de intervención de otras instituciones del estado en los procesos electorales han reaparecido con fuerza, esta vez por medio de la inhabilitación de numerosas personas por parte de la Contraloría General de la República, varias de ellas después de haber sido aceptadas por el CNE como candidatos. Esta inusitada actividad de la Contraloría General de la República llama poderosamente la atención, tanto por llevarse a cabo en medio del desarrollo del proceso electoral, como por centrarse en la inhabilitación de personas que representan disidencias del sector oficialista.

Durante este proceso se ha ampliado la aceptación del CNE −y conjuntamente, la confianza de los ciudadanos en el acto electoral− gracias a las acciones emprendidas por los nuevos rectores, entre las que destacan: una auditoría en profundidad de la plataforma electoral; la convocatoria de un proceso de actualización del Registro Electoral con plazos de ejecución razonables y otras medidas.

Por otra parte, la eliminación de algunas de las inhabilitaciones que pesaban sobre un conjunto líderes políticos y sociales, así como sobre varias organizaciones políticas, constituyeron un paso de avance hacia la mejora de las condiciones de equidad para la elección. No obstante, hay que señalar que se mantiene aún inhabilitado un grupo de personas, líderes políticos opositores o disidentes del oficialismo, y persiste la intervención judicial de las directivas de varios partidos políticos, con la consecuente vulneración de derechos de sus eventuales candidatos y de los electores, agravada para estos últimos por la posible confusión generada por la autorización del TSJ y el CNE para el uso de las siglas partidistas de las organizaciones intervenidas. 

A los anuncios positivos hay que agregar la promesa pública, hecha por el presidente de la República, de eliminación del nombramiento de los llamados “protectores”, que son funcionarios designados por el poder ejecutivo que interfieren las competencias y recursos de gobernadores y alcaldes electos, lo que constituye un desconocimiento de hecho de los resultados electorales. 

Otra medida positiva adoptada por las autoridades electorales ha sido la invitación a participar en el proceso electoral, bien sea en calidad de observadores o de misiones de expertos, a importantes organizaciones internacionales que gozan de amplio reconocimiento, como las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Centro Carter. La presencia de estas organizaciones se espera que contribuya a elevar la confianza de los electores en el proceso electoral. 

Para la participación de la observación electoral nacional fueron acreditadas por el CNE seis organizaciones. A nuestra organización se le invitó a participar, como en pasadas elecciones, en los procesos de auditoria celebrados para la preparación de las elecciones. En esta oportunidad tenemos que lamentar que en la mayoría de los casos fuimos limitados a hacer nuestra observación por vía remota, con las dificultades que conlleva este modo de actuar. Solo se nos permitió participar un número muy reducido de días de forma presencial en las auditorías de máquinas de votación y no se nos invitó a participar en la auditoría de cuadernos de votación, lo cual reclamamos al CNE en la ocasión. 

En lo que a la campaña electoral se refiere es menester comenzar por mencionar que, como en anteriores elecciones, esta comenzó, ilegalmente, con considerable antelación (el pasado mes de agosto) a la fecha oficialmente fijada para su inicio, 28/10/2021. Para la promoción de candidatos se usaron eventos como las juramentaciones de comandos de campaña y de los candidatos, y recorridos de éstos. Este tipo de actividades las realizaron, aunque con distinta intensidad, organizaciones de diversas tendencias políticas. 

Durante la campaña electoral fue notorio el uso de recursos, de programas y de obras públicas para hacer promoción de candidatos, especialmente por parte de aquellos que ocupan cargos y que aspiran a la reelección. Así mismo, altos funcionarios de gobierno utilizaron medios y actos oficiales para hacer proselitismo a favor de los candidatos de su preferencia.

En lo que al acceso de los candidatos a los medios de comunicación del Estado se refiere, siguió prevaleciendo un sesgo en la utilización de dichos medios a favor de los candidatos oficialistas, como en pasadas elecciones. No obstante, en esta oportunidad pudo apreciarse cierta mejoría de esta situación, con un incremento de aparición de candidatos de sectores no oficialistas en dichos medios.  

La campaña electoral fue, en general, predominantemente pacífica, con apenas escasos hechos de violencia

De la jornada de votación del 21 de noviembre hay que lamentar especialmente el clima de violencia que se vivió en varios lugares del estado Zulia, con el doloroso resultado de una persona asesinada y de varios heridos, entre ellos, un observador de nuestra organización que resultó seriamente lesionado en la cabeza.

Finalmente, queremos expresar nuestra preocupación por la excepcional demora en la adjudicación de la gobernación del estado Barinas, con lo que se corre el riesgo de que se produzcan indeseables enfrentamientos entre la población.

  1. 2. Observación de la jornada electoral

La Observación electoral desarrollada por la ROAE este 21 de noviembre contó con 643 observadores acreditados distribuidos en los 23 estados y Distrito Capital de acuerdo a una muestra aleatoria, la cual fue diseñada para abarcar todos los municipios del país. 

Reporte preliminar, con una cobertura del 77%

Un 20% de nuestros observadores tuvieron dificultades para ingresar al centro. La dificultad para el ingreso fue impuesta por coordinadores de centro, funcionarios del Plan República u otros funcionarios; en algunas oportunidades fue incluso una decisión mancomunada entre las diferentes autoridades. Esta irregularidad fue denunciada por observadores de 20 estados y por observadores en el Distrito Capital. Vale la pena destacar que los estados en los cuales esta irregularidad fue más frecuente fueron Miranda y Zulia en Zulia esta incidencia se reportó en 21 centros de los 60 de la muestra. En particular en el estado Zulia, 10 de los observadores que reportaron este tipo de hechos fueron agredidos, amedrentados, amenazados y perseguidos, debiendo uno de ellos requerir atención médica para suturar una herida en la cabeza. 

Sobre la constitución de las mesas tenemos varios reportes de irregularidades. El centro 211202001 en el estado Zulia no abrió debido a que no llegaron los miembros de mesa y estas no se constituyeron con miembros accidentales. También en el estado Zulia, a pesar de encontrarse presente la presidente de la mesa del centro de código 210701022, debidamente acreditada por el CNE, esta fue reemplazada por una ciudadana impuesta por militantes del PSUV. En general se detectó que 6 de cada 10 centros fueron constituidos por miembros accidentales.


Durante toda la jornada electoral se encontró propaganda electoral en un 12% de los centros observados. La manipulación al elector con rifas, comidas elaboradas y bolsas CLAP, entre otros, fue en incremento durante la jornada electoral; en horas de la mañana este tipo de actividades se detectó en un 18% de los centros y en horas de la tarde llegó a observarse en un 32% de los centros, lo cual representa un incremento del 14% durante el día. Otro elemento irregular, que se presta para promocionar candidatos y monitorear el voto emitido por el elector, es lo que denominamos punto de control de votantes. Estos puntos de control fueron hallados a primera hora de la mañana en un 30% de los centros observados y para el final del día esta proporción incrementó al 58% es decir, se observaron en 6 de cada 10 centros. 


La propaganda electoral dentro de los centros se registró en 12 estados del país, con mayor incidencia en los estados Zulia y Yaracuy. 

La manipulación del elector fue observada en 18 estados, incluyendo el Distrito Capital, siendo predominante esta irregularidad en Miranda, Cojedes y Distrito Capital. Respecto a los puntos de control de electores, estos fueron localizados en todo el país, con una mayor frecuencia en Miranda, Distrito Capital, Cojedes, Zulia y Yaracuy. 

El cumplimiento de medidas de Bioseguridad formó parte de las normativas implementadas por el CNE en este proceso electoral, debido a la pandemia por la Covid 19. El distanciamiento social, el uso correcto de mascarillas y el uso de gel antibacterial son las tres medidas básicas que durante este proceso, según lo reportado por nuestros observadores, fueron incumplidas en 3 de cada 10 centros observados durante la mañana, tanto por electores como por funcionarios; sin embargo, para el final del día se observó una ligera concientización sobre el tema y el incumplimiento de las medidas se observó en 2 de cada 10 centros. 


Si bien la violencia por parte de funcionarios o en los alrededores de los centros de votación no se observó en gran medida, esta se manifestó en un grado no desdeñable. La violencia en los alrededores de los centros se observó en un 6% en horas de la mañana e incrementó para horas de la tarde, llegando a un 10%, es decir, se manifestó en 1 de cada 10 centros observados. Por otro lado, la violencia por parte de funcionarios, bien sea coordinadores de centro o miembros del Plan República, se vio con mayor frecuencia en horas de la mañana. Este tipo de agresiones fue reportado por nuestros observadores en un 26% de los centros observados (aproximadamente 3 de cada 10 centros). En horas de la tarde este tipo de situaciones había disminuido y fue reportada en un 19% de los centros (2 de cada 10 centros observados). El estado con mayor cantidad de denuncias de este tipo fue el estado Zulia, donde las agresiones y amenazas también las recibieron observadores y testigos. Se recibieron denuncias en dos centros en los cuales bandas armadas tenían el control del centro electoral. 


Una normativa bien conocida por todo el electorado es que el ejercicio del voto es personal y secreto. Si bien está establecido que una persona con discapacidad puede ser asistida por un acompañante de su elección, también la normativa deja claro que el acompañante solo puede asistir a un elector. Esta norma ha sido violentada en las últimas elecciones y en esta oportunidad se volvió a observar esta violación. Dicha irregularidad fue detectada y reportada durante toda la jornada electoral y para el final del día, se ejecutaba en 3 de cada 10 centros observados. En general las personas involucradas en esta violación de la norma eran los miembros de mesa o el coordinador del centro electoral. Otra denuncia importante asociada al voto fue la presión que recibieron un grupo de electores dentro del centro para seleccionar una opción específica; esto se apreció en horas de la mañana en un 14% de los centros observados y para horas de la tarde fue detectado en el 22% de los centros (en 2 de cada 10 centros observados).


También se detectó el uso del carnet de la patria como documento de identidad para ejercer el derecho al voto. Esta irregularidad llegó a observarse hasta en un 40% de los centros observados.

El cierre de los Centros de Votación se vio retrasado por impedimentos impuestos por funcionarios, aun cuando no había electores en cola. En 3 de cada 10 centros observados se presentaron estos retrasos.

  1. 3. Conclusiones y recomendaciones preliminares

3.1. Conclusiones. 

El proceso electoral que culminó con la elección celebrada el 21 de noviembre se desarrolló en un clima predominantemente pacífico en el grueso del país, salvo −como ya dijimos− en el estado Zulia, que fue estremecido por severos hechos de violencia y episodios aislados en algunas localidades.  

Sin embargo, se observaron violaciones de importantes normas y fallas de funcionamiento que afectaron la necesaria transparencia y equidad del proceso electoral; entre las más resaltantes figuran:

  1. 1) La significativa reducción del derecho de los electores a ejercer su voto de manera libre, al impedir participar como candidatos en la elección, a un conjunto significativo de personas, inhabilitadas por la Contraloría General de la República, decisión de dudosa legalidad, acatada por el CNE. 
  2. 2) La utilización de recursos públicos en las campañas de promoción de varios candidatos, así como la disparidad de acceso a los medios de comunicación estatales, con la consiguiente inequidad en las condiciones de competencia en el proceso electoral.
  3. 3) La utilización del denominado “voto asistido” o voto con acompañamiento, de manera indebida, por un acompañante hasta el lugar o máquina donde se ejerce el voto, se observó repetidas veces, en un elevado número de casos, irrespetando así el derecho al ejercicio secreto del voto de los electores, sometidos probablemente a coacción y violando expresamente las normas electorales de establecidas en la LOPRE y su Reglamento.
  4. 4) La masiva presencia de puntos de control político de votantes durante la jornada electoral, en abierta contravención del mandato legal y haciendo caso omiso al llamado a eliminar esta práctica, hecho por el presidente y otros rectores del CNE. 
  5. 5) El incumplimiento por parte de un gran número de miembros de mesa, de su deber electoral, al no acudir a su centro asignado a cumplir con sus funciones durante la jornada electoral del 21 de noviembre, lo que llevó a la paralización de la votación en diversas mesas electorales, y finalmente a su sustitución por miembros accidentales, carentes de la capacitación adecuada, con el consiguiente perjuicio de la calidad y la seguridad del acto de votación. 
  6. 6) La aceptación de documentos distintos a la cédula de identidad para la identificación del votante, en violación expresa de la LOPRE.
  7. 7) Hubo omisiones en las listas de votantes de varias mesas que condujeron a que electores asignados a ellas no figuraran en el cuaderno de votación correspondiente, lo que produjo confusión e inseguridad tanto en los votantes como en las autoridades de la mesa.
  8. 8) Se vieron de nuevo, como en pasadas elecciones, impedimentos al cierre de mesas a la hora establecida en la LOPRE y su Reglamento para el cierre del proceso de votación. No obstante, en esta ocasión, la publicación de una instrucción llamando al cierre de las mesas por parte del CNE redujo la persistencia de esta práctica.

3.2. Recomendaciones.

Con el ánimo de contribuir con el perfeccionamiento de los procesos electorales en el país, de manera que cumplan a cabalidad con su rol de instrumentos esenciales de democratización, nos permitimos hacer las siguientes sugerencias.

  1. 1. Es de suma urgencia tomar medidas para impedir la propagación de actos de violencia motivados por las contiendas electorales, antes de que se conviertan en un fenómeno endémico.
  1. 2. El CNE debe esforzarse en establecer procedimientos más eficaces, tanto para la debida capacitación de las personas seleccionadas para actuar como miembros de mesa, como para que se haga efectivo el cumplimiento de esta obligación y que se apliquen las sanciones previstas en las normas en caso de que se produzcan incumplimientos.
  1. 3. Es imperioso que se erradique la práctica de utilizar recursos públicos para la promoción de candidatos. En su carácter de poder autónomo, corresponde al CNE exigir a los funcionarios públicos el respeto de las normas que rigen los procesos electorales y velar porque se apliquen las sanciones previstas en la LOPRE.
  1. 4. Hace falta tomar medidas que muevan a los medios de comunicación oficiales a ofrecer las mismas oportunidades de uso a todos los candidatos participantes en una elección, conforme a lo establecido en las respectivas normas.
  1. 5. Se debe insistir en que los efectivos del Plan República se limiten a sus tareas de custodia y protección de personas, equipos y locales, que establecen la LOPRE y su Reglamento, y se inhiban de participar en aspectos administrativos y de funcionamiento electoral de los centros y las mesas. 
  1. 6. Que los funcionarios del CNE, asignados a cada centro, se limiten a ejercer las tareas previstas en las respectivas normas y no interfieran con las tareas y responsabilidades que son de competencia exclusiva de los miembros de mesa, como establecen esas mismas normas.
  1. 7. Se debe hacer público y promover el papel de los observadores nacionales e internacionales, e instruir a los distintos funcionarios que participan en el proceso electoral sobre sus funciones y el derecho que tienen para ejercerlas sin interferencia.

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