El dilema electoral venezolano en 2020

El año 2020 inicia con la incertidumbre acerca de las condiciones bajo las cuales se celebrarán elecciones en Venezuela. Por un lado están las elecciones parlamentarias que, por mandato constitucional, corresponde realizar este año. Por otro lado se encuentran las elecciones presidenciales, planteadas por un importante sector de la oposición, que argumenta que las celebradas en 2018 no fueron legales o legítimas por carecer de las condiciones mínimas para ser consideradas libres, justas y competitivas.

Ante este escenario, la ciudadanía se enfrenta a un panorama particularmente enrevesado. Las diferentes encuestas y estudios de opinión muestran la existencia de una aspiración, ampliamente compartida por electores de todas las tendencias, de participar en unos comicios equitativos y transparentes. Sin embargo, la intención de participar está condicionada por el requerimiento de que se cuente con un Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrado según lo estipulado en la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y de común acuerdo con todos los sectores políticos y sociales del país, capaz de garantizar el rol del voto como mecanismo de expresión de las preferencias de los ciudadanos.

En esta ocasión, la legítima aspiración ciudadana de elecciones limpias y transparentes, se ve amenazada por la obstrucción del funcionamiento de la Asamblea Nacional (AN), mediante la pretensión de imponer una directiva espuria, consecuencia final del asalto militar y policial del oficialismo a la sesión destinada a la elección de la nueva directiva de la AN, el pasado 5 de enero. Esta situación aleja la posibilidad de que se llegue a un acuerdo para la elección de las nuevas autoridades del CNE por la AN, proceso que ya se había iniciado el tercer trimestre de 2019. Cabe señalar que la vuelta a un nombramiento del CNE por el Tribunal Supremo de Justicia, que ya han asomado voceros de sectores del oficialismo y otros cercanos, acentuaría la percepción negativa que diversos sectores de ciudadanos tienen sobre la autoridad electoral, al no satisfacerse el deseo de renovación. Esto, sin duda, profundizaría la desconfianza de los ciudadanos sobre el respeto de su voto, vale decir, de los resultados de las elecciones.

Es oportuno señalar que en días recientes Nicolás Maduro invitó públicamente a los gobiernos de México, Argentina y Panamá y al Grupo de Contacto y la Unión Europea, a que acompañen al país en la negociación de un acuerdo electoral de amplias garantías, y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a que la ONU nombre una comisión de acompañantes electorales para que funjan como testigos de la elección de Asamblea Nacional. Convendría que los países e instituciones aludidas, en particular el Grupo de Contacto, exigieran al gobierno venezolano una clarificación de la misma, así como la fijación de los pasos concretos para ponerla en marcha. Sería oportuno, además, plantear el tema de la elección presidencial, propuesta por un numeroso grupo de países como la salida deseable a la calamitosa situación venezolana.

Aunque diversas consultas de opinión pública confirman la inclinación de la ciudadanía a darle una salida a la angustiosa situación que vive el país mediante elecciones genuinamente democráticas, sería ingenuo no considerar que existe un riesgo cierto de que las condiciones en las que se den las elecciones esperadas no satisfagan la calidad deseada.

Ante esta posibilidad, en la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación somos de la opinión de que la manera más conveniente de afrontar una elección con insuficientes garantías de equidad y probidad, es invitando a los electores a participar en ella con espíritu de defensores del voto y denunciantes de las irregularidades que puedan presentarse en el proceso electoral, apoyándose en las organizaciones de la sociedad civil capacitadas para vigilar el desarrollo de estos procesos. De esta manera, en caso de ocurrir un fraude que distorsione en grado significativo el resultado electoral, es posible orquestar una poderosa denuncia que pueda llegar hasta a impedir la consumación del delito electoral, o, al menos, generarle un alto costo político al sector responsable del robo de la elección.

Este proceder es, a nuestro parecer, una forma de luchar por los derechos ciudadanos mucho más eficaz que la no participación en la elección, la cual tiende a generar desmovilización y, en general, apatía en los electores.

Desde la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación hacemos un vigoroso llamado a la ciudadanía a no dejarse desalentar por las dificultades que puedan surgir en la ardua lucha por la defensa de los derechos democráticos, y estar siempre prestos a sumar su aporte en pro de los objetivos que se planteen en cada etapa de la justa pugna por el respeto de nuestros privilegios ciudadanos.

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