Venezuela clama por una solución civil y civilizada a la severa crisis que la agobia

Comunicado

Desde la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación vemos con creciente preocupación cómo se ha prolongado la situación llena de extremas dificultades que vive el país, sin que se logre concretar un sendero que nos conduzca hacia el bienestar y la paz. 

A las penurias que padece la inmensa mayoría de la población venezolana, al no poder satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, salud y seguridad, se suma un serio quebrantamiento del respeto a los derechos humanos, que exige la atención y acción decidida por parte de los organismos internacionales competentes. 

Es por esto que saludamos la presencia en Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y nos permitimos llamar su atención sobre lo que, desde nuestra perspectiva, es la vía a privilegiar para que el pueblo venezolano logre salir de la aguda crisis que padece. 

Esta vía no es más que garantizar el ejercicio pleno del derecho humano fundamental de elegir a sus dirigentes. De este modo los ciudadanos pueden manifestar, de manera pacífica y democrática, sus preferencias acerca del rumbo que desean para el país y la vida de todos. 

Pero para hacer viable la ruta del sufragio es necesario ofrecer a los electores condiciones capaces de garantizar elecciones libres, transparentes y equitativas, que, a diferencia de lo ocurrido en pasados comicios, aseguren al votante que su voluntad será respetada. 

En este orden de ideas será necesario garantizar, entre otras materias, que se cumpla con requerimientos esenciales, tales como: 

1) que las elecciones se celebren en un clima de libertad y convivencia ciudadana, para lo cual es imperioso que se ponga fin a las persecuciones políticas y se proceda a la liberación de los presos políticos; 

2) la designación, siguiendo los procedimientos legales establecidos, de un CNE sin sesgos políticos, comprometido con el respeto de las normas que rigen los asuntos electorales; 

3) la organización de la elección según un cronograma donde se contemplen lapsos suficientes para la ejecución de todas las actividades propias del proceso electoral; 

4) que no exista ningún tipo de ventajismo a favor de cualquiera de los candidatos participantes en la elección, en particular en lo relativo al acceso a los medios de comunicación y el uso indebido de los recursos públicos; 

5) que se destierren las prácticas de inhabilitación de posibles candidatos y partidos, con clara intención de discriminación política, justificadas por subterfugios de aparente base legal; 

6) que una vez electos, a los candidatos ganadores se les respete la totalidad de las funciones de los cargos para los que fueron elegidos; 

7) que se permita a los técnicos designados por las organizaciones políticas o los candidatos que participen en la elección, así como a los observadores nacionales e internacionales, llevar a cabo una rigurosa revisión de todos los componentes del sistema de votación, tanto antes como después del proceso electoral; 

8) que impere una total seguridad jurídica, que impida que la intervención de instancias de poder de cualquier naturaleza, tales como la ANC, la Contraloría, el TSJ y jueces diversos, puedan conducir al desconocimiento de resultados electorales genuinos. 

En esta coyuntura, la presencia de la comunidad internacional es de un inestimable valor. Frente a la profunda polarización que reina en el país, la participación en las elecciones de representantes de otros países y de organizaciones internacionales como la ONU, la OEA y la UE, sea en calidad de observadores o de técnicos que apuntalen el correcto funcionamiento del sistema electoral, constituye una garantía para los electores ante el país y ante la comunidad mundial, de que el proceso electoral contará con una vigilancia imparcial y confiable. 

Caracas, 19 de junio de 2019 

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